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Los concesionarios de los quioscos de la Plaza de España de Mérida piden a Osuna que avale personalmente el derribo

De esta forma, pretenden que no ocurra en Mérida "algo similar al caso de las huertas de Plasencia, donde, al final, hay que pagar a los propietarios 40 millones de euros que van a salir del bolsillo de los placentinos, privándoles de otras inversiones necesarias para la ciudad". Por su parte, la portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha subrayado que “se trata de declaraciones infundadas que carecen de todo respaldo legal y pretenden insultar la gestión del equipo de

17 octubre 2016 | Publicado : 11:10 (16/10/2016) | Actualizado: 14:34 (18/10/2016)

EL EQUIPO DE GOBIERNO RESPONDE

Rd.

Por su parte, la portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha ofrecido una rueda de prensa para “zanjar el tema de las irregularidades en la licitación de los kioscos y salir al paso de las declaraciones efectuadas por una franquicia de abogados para verter acusaciones veladas y toda clase de insinuaciones”.

Así, la edil socialista ha señalado que “se trata de declaraciones infundadas que carecen de todo respaldo legal; pretenden insultar la gestión de este gobierno y poner en duda la legalidad de los procedimientos en el proceso de concesión”.

Y es que, tal y como ha recordado, “la concesión de los kioscos finalizó en 1999 y este gobierno lo que quiere es regularizar la situación”. “Estamos cumpliendo escrupulosamente con el procedimiento y ofreciendo toda la transparencia en el proceso, también estamos siendo accesibles pues nos hemos reunido con los actuales concesionarios en grupo y de manera individual con aquellos que lo han estimado, y se ha explicado y facilitado toda la documentación”, ha insistido.

A su vez, Yáñez ha recalcado que “estamos regularizando situaciones que no están conforme a la ley, y nuestros hechos nos avalan como en el caso de las guarderías municipales, los chiringuitos de Proserpina, los contenedores de ropa y aceite de la vía pública o la cafetería de San Lázaro”, contratos de combustible y mantenimiento de distinto tipo.

"En nada se diferencia el proceso que se está siguiendo con los kioskos con los mencionados anteriormente", ha insistido Yáñez, quien ha resaltado que "lo que queremos ahora es regularizar la situación alegal de la explotación actual de estos establecimientos de titularidad municipal".

"Queremos cumplir con la ley de manera igualitaria, justa y equitativa, mientras que parece que los actuales concesionarios quieren que no se haga una licitación pública. De otro lado, queremos modernizar estos establecimientos; se trata por tanto de dos cuestiones distintas”, ha subrayado.

Finalmente, la portavoz ha concluido afirmando que probablemente las declaraciones vertidas responden a una "pataleta" por la notificación de "desalojo" que habrán recibido los explotadores, ya que siguiendo el procedimiento "ya está firmado el decreto de desalojo y los kioscos los gestionará el que tenga la mejor oferta". "Estamos cumpliendo la ley y no nos vamos a permitir las amenazas ni el chantaje”, ha sentenciado.

Ep.

Los concesionarios de los quioscos de la Plaza de España de Mérida han instado al alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, a que avale con su patrimonio personal el posible derribo de estos "emblemáticos establecimientos".

Así lo han hecho público a través de un comunicado de prensa firmado por su representante, el director de Abogados CE Consulting Mérida, Alberto Delgado. "Se trata simplemente de que acuda a un notario y firme un compromiso por el cual, si se derriban los quioscos y la justicia establece que hay que indemnizar a los concesionarios, esta indemnización se afronte con los bienes y rentas de Rodríguez Osuna, y no lo paguen todos los emeritenses", ha señalado.

De esta forma, los concesionarios pretenden que no ocurra en Mérida "algo similar al caso de las huertas de Plasencia, donde, al final, hay que pagar a los propietarios 40 millones de euros que van a salir del bolsillo de los placentinos, privándoles de otras inversiones necesarias para la ciudad".

El representante de los concesionarios ha añadido que "ya es bastante grave que, con las necesidades que hay en las barriadas, el alcalde quiera que los contribuyentes paguen los más de 700.000 euros que costarán los nuevos quioscos, pero si encima hay que indemnizar, ya sería intolerable que se meta la mano en el bolsillo de los ciudadanos para pagar algo que estamos advirtiendo reiteradamente que es un error, sin que nuestro alcalde quiera escuchar".

Asimismo, ha lamentado que "dada la intransigencia" del alcalde el asunto "pueda terminar en los juzgados, cuando podría resolverse por la vía del diálogo en unas horas".

Alberto Delgado se ha mostrado convencido de que Rodríguez Osuna "no tendrá inconveniente alguno" en firmar el documento notarial. "Se ha hartado de decir que tiene informes de los Servicios Jurídicos municipales que le avalan, y también informes del Consorcio y de Patrimonio, unos informes que nadie ha visto, pese a haberlos pedido reiteradamente de manera verbal y por escrito, siguiendo la vía oficial", ha subrayado Delgado.

De este modo, y "si es cierto que tiene esos informes jurídicos, no tendrá inconveniente en poner su patrimonio como garantía, ya que no correría peligro, ¿o es que tales informes no existen o no dicen lo que él dice que dicen?", se ha preguntado

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD

El representante de los concesionarios ha indicado que "tras la crisis de credibilidad" que han supuesto los "innumerables" casos de corrupción política, el país vive "una nueva era" en la que los ciudadanos exigen a sus políticos "transparencia, participación y responsabilidad".

Según ha manifestado, "la transparencia parece que no existe para el señor Osuna, ya que se niega a facilitar los informes que dice tiene y ni siquiera recibe a los concesionarios", a pesar de haberlo reclamado por escrito hace cinco meses.

En cuanto a la participación, indican que "tampoco anda sobrado, puesto que ni hace caso de los miles de emeritenses que han firmado contra el derribo ni a los representantes de los ciudadanos que en pleno le dijeron por amplia mayoría que frenase este desatino".

Por último, y en relación a las cláusulas sociales que IU Mérida ha solicitado en el caso de nueva licitación, Delgado ha señalado que las comparten y recuerda al alcalde "éste es un compromiso" de su secretario general y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, por lo que se preguntan si "¿hay mayor cláusula social que no condenar al paro a 18 familias, que lo único que han hecho es trabajar cada día ganándose el respeto y el cariño de los emeritenses?".

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