18 noviembre 2020 | Publicado : 13:11 (18/11/2020) | Actualizado: 16:52 (18/11/2020)
La plataforma 'Más Plurales-Extremadura', compuesta por la Confederación de Asociaciones de Padres (Concapa), los sindicatos USO y FSIE, y las organizaciones patronales Escuelas Católicas y CECE, ha convocado dos manifestaciones con vehículos en contra de la llamada Ley Celaá, que tendrán lugar en Cáceres y en Badajoz el próximo domingo, 22 de noviembre.
En concreto, los coches partirán a las 11:00 horas desde el recinto Ferial de la capital cacereña y circularán por la ciudad hasta las Vegas del Mocho; mientras que en la capital pacense la salida está prevista desde las inmediaciones del estadio Nuevo Vivero para llegar hasta la Nueva Plaza de Toros.
La acción se enmarca en la campaña denominada 'Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos', que pretende defender la pluralidad educativa "ante el daño que puede causar" la aprobación de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como Ley Celaá, promovida por el actual Gobierno.
Y es que, según los convocantes, la LOMLOE "vulnera derechos reconocidos en la Constitución, reduce progresivamente el modelo de la enseñanza concertada y atenta contra la pluralidad educativa".
De este modo, a través de una nota de prensa, las organizaciones aseguran que la nueva ley "pone en peligro" la supervivencia de los centros de educación especial y relega la Religión a asignatura de segunda, condenando al paro a su profesorado.
"Esta Ley, tramitada sin consenso, rechaza claramente cualquier intento de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación. Además, elimina la demanda social y confiere a la Administración la potestad de distribuir a los alumnos por centros, suprimiendo la elección educativa de las familias, un derecho avalado por nuestra Constitución y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos", informa la plataforma en nota de prensa.
En este sentido, según los datos aportados, en Extremadura, más de 3.000 profesionales, docentes y no docentes, verán peligrar sus puestos de trabajo. Cerca de 30.000 familias verán limitado su derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y se ignora a los más de 100.000 alumnos extremeños que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, cursar la asignatura de Religión.
Por último, más de 70 centros de la red concertada y privada en nuestra región "ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos, así como los centros de educación especial", concluye la nota.
