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PP pide a Diputación Cáceres que ayude a ayuntamientos por gasto extra inicio del curso

Sánchez Juliá solicita que se apoye económicamente a los consistorios y que se retome el Plan de Desinfección de las Vías Públicas.

02 septiembre 2020 | Publicado : 13:09 (02/09/2020) | Actualizado: 18:01 (02/09/2020)

El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al equipo de Gobierno de la institución provincial que "se involucre y que tome medidas para ayudar a garantizar la vuelta a los colegios de manera segura en la provincia de Cáceres".

Para ello, el dirigente 'popular' ha solicitado que "apoye económicamente" a los ayuntamientos ante el incremento de los gastos de personal y limpieza de los centros educativos a los que van a tener que hacer frente todos los municipios para cumplir con los protocolos de seguridad e higiene debido al Covid-19.

En concreto, Sánchez Juliá ha propuesto que la diputación retome el plan dedesinfección de las vías públicas, y que haga "especial hincapié" en losalrededores de los centros escolares, "ya que es importante no solo desinfectar la entrada de los centros educativos, sino realizar también baldeos en las calles cercanas para prevenir de esta manera la propagación del virus".

Asimismo, ha recordado la importancia de la colaboración entreadministraciones y ha tachado de "incomprensible" que el gobierno provincial del PSOE "no se haya planteado esta opción cuando estamos a escasos días del comienzo del curso escolar, y todas las administraciones deben seguir velando por la seguridad, higiene y bienestar de los todos", ha apuntado.

En este sentido, el portavoz del PP ha resaltado que siguen siendo los ayuntamientos los que están realizando un mayor esfuerzo económico para garantizar unas buenas condiciones higiénicas y sanitarias, y "deben contar con el apoyonecesario tanto de la Diputación de Cáceres como de la Junta de Extremadura".

Igualmente, a través de una nota de prensa, el PP ha recordado que la desinfección del interior de los centros es competencia de la Junta de Extremadura, y al ser una cuestión de salud pública espera que la administración autonómica "no eluda su responsabilidad y la derive a los ayuntamientos".

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