23 diciembre 2020
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado que los 48.000 empleados públicos del ámbito de la Junta hayan visto reflejado en su nómina de este mes parte del incremento salarial del 2% "conseguido" por la negociación sindical en la mesa general.
Sin embargo, CSIF señala que no se conforma con haber conseguido que el Ejecutivo autonómico abone, "de momento y de forma parcial", el 2% en las retribuciones básicas y el complemento de destino.
En este sentido, destaca que junto a las otras dos organizaciones sindicales presentes en la mesa general de negociación, CCOO y UGT, tiene ultimada una demanda judicial para que "se paguen lo antes posible las cantidades correspondientes al resto de haberes y con carácter retroactivo a enero de 2020". Un litigio que, según ha anunciado CSIF, se va a presentar "en breve" en el Juzgado.
CSIF continuará demandando a la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco -Morales, que incluya, "más pronto que tarde", la totalidad del incremento del 2%, con carácter retroactivo y aplicado a todos los complementos.
Además, debe presupuestar la subida del 0,9 por ciento del sueldo de los empleados públicos que está prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio.
Aún así, CSIF considera que con este porcentaje "se reconoce en parte" el trabajo profesional que llevan a cabo los empleados públicos en todas las áreas de la administración, y más en un año "tan difícil" marcado por la pandemia que ha provocado "un esfuerzo laboral aún mayor si cabe durante todos estos meses, actuando en primera línea de batalla en la mayoría de las ocasiones".
No obstante, CSIF mantiene su "voluntad de diálogo para llegar a acuerdos, fuera de la vía judicial", para actualizar las retribuciones de los trabajadores públicos porque están convencidos de que "no es asumible un recorte de derechos de los empleados públicos del ámbito de la Junta de Extremadura".
Finalmente, según la organización sindical, el conjunto de empleados públicos "arrastra" el recorte salarial de entre el 5 y el 10 por ciento que se ejecutó en 2010 por el entonces Gobierno socialista y "sigue sufriendo" los efectos de una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento.
