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Justicia remite al CGPJ propuesta para crear dos nuevas unidades judiciales en Extremadura

Buscan evitar que se saturen los juzgados debido al "extenso periodo de ralentización estructural de la Administración de Justicia" durante la pandemia.

08 octubre 2020

El Ministerio de Justicia ha remitido este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta de creación de dos nuevas unidades judiciales en Extremadura con el objetivo de evitar que se saturen los juzgados debido al "extenso periodo de ralentización estructural de la Administración de Justicia" durante la pandemia del Covid-19.

A través de esta medida, en menos de un mes, Justicia da cumplimiento a la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, con el objetivo de que algunas de estas unidades de nueva creación entren en funcionamiento a finales de este año.

En concreto, las nuevas unidades judiciales son el Juzgados de lo Social número 5 de Badajoz y el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Badajoz, según informa en una nota de prensa la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Así pues, la "ralentización" sufrida en la Administración de Justicia como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19 exigía según la Delegación del Gobierno un "impulso efectivo" que permita dar una "salida ágil" al volumen de procedimientos suspendidos y acumulados desde que se decretó el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 7 de julio la aprobación de un ambicioso Plan de actuación con medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la Covid-19 y "aliviar" la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria.

A su vez, este plan se despliega en dos fases y afectará a un total de 315 juzgados, principalmente a los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo.

Finalmente, permitirá adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis Covid-19, en un plazo de tres años (un tercio de las plazas se crearán en el primer año), "atendiendo siempre a las necesidades en cuanto a volumen de carga de trabajo habitual, el aumento debido a la ralentización durante la pandemia y a una mejor optimización de los recursos personales y materiales disponibles", concluye la Delegación del Gobierno.

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