Convalidado decreto que recoge régimen sancionador por vulnerar medidas contra la Covid-19

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La Asamblea de Extremadura ha convalidado el decreto por el que semodifica la Ley de Salud Pública regional en relación con el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas contra la Covid-19 u otras epidemias y que recoge sanciones de hasta 600.000 euros.

Este decreto, que ha contado con el apoyo de los grupos Socialista, Ciudadanos y Unidas por Extremadura y con la abstención del PP, fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en la reunión del pasado 22 de julio y publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el día 27.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha incidido en su intervención durante el pleno en la Asamblea en que la pandemia por Covid-19 ha hecho necesario reformar la Ley de Salud Pública de Extremadura, ya que ésta estaba pensada para una época de confinamiento individual y no colectivo, por ejemplo referido a casos de tuberculosis o VIH.

Así, y aunque este decreto ley ha nacido para actuar contra la pandemia actual, Vergeles ha asegurado que servirá asimismo para otras posibles pandemias y epidemias que se pudieran producir en un futuro.

Entre otros aspectos, el decreto ley recoge el régimen sancionador de la vulneración de las medidas establecidas para luchar contra la pandemia de la Covid-19 en Extremadura, que distingue entre infracciones leves, graves y muy graves y cuyas multas pueden llegar a un máximo de 600.000 euros.

En esta línea, la graduación de las infracciones dependerá de la incidencia que tienen éstas sobre la salud pública y el número de personas a las que pueda afectar dicho incumplimiento.

En cuanto a las sanciones por incumplir las medidas establecidas contra la pandemia, éstas podrán ser leves, con sanciones de hasta 3.000 euros; graves, con sanciones de 3.001 euros a 60.000 euros y las muy graves van desde los 60.001 a 600.000 euros. No obstante, la sanción por falta de uso o uso inadecuado de mascarillas estaría establecida en una multa de 100 euros.

Cabe destacar que las multas pueden rebajarse en un 40 por ciento de su cuantía si se abona en los primeros quince días, mientras que si se pasa de ahí habrá que esperar a la resolución de la infracción.

CIERRE DE LOCALES

El régimen sancionador también recoge que se podrán acordar sanciones accesorias, como el cierre de un determinado local por incumplir las medidas y provocar un serio riesgo para la salud pública por hasta un plazo máximo de cinco años.

Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad, si consideran que hay un riesgo inminente para la salud pública en un determinado establecimiento puede determinar el cierre cautelar del mismo, que tendría que ser convalidado posteriormente.

El consejero extremeño ha informado de que el régimen sancionador será aplicable en todo el territorio regional y siempre que se incumplan las recomendaciones de las autoridades sanitarias de cara a contener la pandemia o la epidemia.

Asimismo, el decreto ley considera a los profesionales sanitarios y de la salud pública como agentes de la autoridad y se cuenta con la participación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto del Estado como los Policías Locales, que tendrán un papel destacado, ha dicho.

Finalmente, el consejero extremeño ha aseverado que este decreto ley no tiene solo un objetivo recaudatorio sino que persigue sensibilizar a los ciudadanos para que utilicen las medidas de protección contra el coronavirus hasta que se cuente con una vacuna.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de fijación de posiciones de los grupos, la diputada del PP Inmaculada Sánchez Polo ha mostrado su reconocimiento a los ciudadanos cumplidores, así como a los agentes que se ocupan del cumplimiento de las medidas y también a los alcaldes de la región.

En esta línea, ha criticado que desde el Gobierno de España no se ha dedicado ni un solo euro para ayudar a los pueblos y la Junta para lo único que se ha acordado de las entidades locales es para endosarles responsabilidades.

Así, ha considerado evidente que la región necesita un marco sancionador pero hubiera sido necesario antes, ya que hace más de un mes que perdió la vigencia el estado de alarma y la Junta no ha hecho nada hasta cuatro semanas después.

Por ello, ha afeado que venga como decreto ley, ya que, en opinión de los 'populares' no existe la urgencia que marca esta figura y porque este texto no solo ampara las sanciones por incumplir las medidas contra la Covid sino también para cualquier otra pandemia o epidemia que se pudiera registrar.

El diputado de Cs José María Casares ha considerado que este decreto ley reúne las condiciones de urgencia, aunque ha manifestado los "peros" de su grupo al mismo.

Así, ha dicho que sancionar por no usar mascarillas a Cs le parece correcto pero para ello se debería asegurar que toda la población tiene acceso a este material de protección.

De la misma manera ha propuesto realizar una campaña potente de concienciación para que los ciudadanos sean conscientes no solo de las sanciones sino también del uso obligatorio de mascarillas.

En esta línea, Casares ha abogado por la coordinación de todos los agentes implicados para que sea un éxito la salida de esta crisis sanitaria provocada por la Covid-19.

Asimismo, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha dicho que el régimen sancionador de poco sirve si éste no va acompañado de un plan de concienciación, ya que las sanciones deben ser el "último recurso".

Así, ha invitado a la Junta de iniciar una campaña de concienciación, dirigida sobre todo a los más jóvenes y protagonizada por representantes de la cultura y el deporte de la región.

Rodríguez también ha dicho que el uso obligatorio de mascarillas se ha convertido en un "nuevo recibo" para las familias y la sanción por su no uso puede incidir en la desigualdad entre ciudadanos, ya que la sanción de 100 euros puede provocar un "gran inconveniente" para núcleos familiares en situación de vulnerabilidad.

Así, ha recordado que su grupo propuso al respecto un suministro mínimos de mascarillas, facilitar la gratuidad de mascarillas a las familias más vulnerables y ayudar a las empresas que deben aportar este material a sus empleados.

Finalmente, la diputada del PSOE Estrella Gordillo ha indicado que la región necesita una norma propia con un catálogo de sanciones y que evidencia que la Junta da respuesta a los retos que se vienen generando como consecuencia de la crisis sanitaria.

Así, ha valorado la actuación administrativa "ágil" y ha remarcado el carácter disuasorio que tiene el decreto ley, que persigue evidenciar que el incumplimiento individual puede provocar un importante daño a una colectividad.

También ha destacado la diputada socialista que el decreto ley introduce una serie de cuestiones para dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios y ha insistido en que el objetivo del gobierno con este decreto es proteger la salud de los extremeños.

Asimismo, Gordillo ha realizado un llamamiento al PP a la "responsabilidad" y para llegar "al acuerdo", ya que no se puede fallar a la ciudadanía extremeña.