20 febrero 2020
La Junta ha reunido este jueves en Mérida a los agentes sociales, empresas, expertos y administraciones públicas para analizar los retos en la gestión del agua en Extremadura.
Así pues, este jueves se ha celebrado el primer taller de trabajo en el seno del Consejo Asesor del Agua de Extremadura, eje central del proceso de consulta y participación pública e interlocutor principal en el proceso de elaboración de la futura Ley de Agua de Extremadura.
Con ello, a lo largo del año se mantendrán estos grupos de trabajo con el fin de generar propuestas y medidas que permitan abordar las necesidades identificadas; visualizar las amenazas y vulnerabilidades, tanto ambientales, como económicas y sociales, relacionadas con la gestión del agua en la región y con todo ello, contribuir en la elaboración del borrador de ley que está impulsando la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
De este modo, en la jornada de este jueves se ha abordado el diagnóstico de carencias y necesidades de la gestión del agua en Extremadura, entre ellas, la disminución de la disponibilidad de recursos y pérdida de garantía de abastecimiento por disminución de las aportaciones hídricas; así como la pérdida de calidad del agua que afecta a la potabilización y a los límites de vertido de aguas urbanas, tal y como explica en una nota de prensa la Administración autonómica.
Igualmente, se ha analizado la coordinación entre administraciones con competencias en calidad del agua de boca; la dificultad para aplicar medidas de vigilancia y control de las actividades que ejercen presión sobre la calidad de las aguas y la proliferación de especies invasoras; la definición de las necesidades hídricas en espacios naturales protegidos y la necesidad de concienciación a todos los niveles sobre esta problemática.
CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
En este marco, el director general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas de la Junta, Álvaro Jiménez, ha destacado que el agua como un recurso escaso podría "verse afectado gravemente por las consecuencias del cambio climático".
Igualmente, ha señalado que "el escenario ha cambiado, siendo necesario unas mayores exigencias normativas medioambientales acordes a la realidad a la que nos enfrentamos con el cambio climático; se requieren nuevas infraestructuras y mejor gestión".
Asimismo, ha defendido que hay que adecuarse al nuevo planteamiento en la gestión de los Fondos Feder para agua y saneamiento, orientándose a resolver una contratación pública "cada vez más compleja" y con la vista puesta en que "el agua es un derecho humano y garantizarlo es un Objetivo de Desarrollo Sostenible".
