26 febrero 2021
Ep.
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas para Extremadura correspondiente al ejercicio 2018 mantenía "deficiencias" recogidas en los estudios de años precedentes relativas a la gestión de ingresos en el ámbito de la Administración de la comunidad.
Entre ellas el informe cita "inexistencia de manuales de procedimiento, escasa fiabilidad del registro de deudores tributarios por la desconexión de los aplicativos de gestión y contables, ausencia de un sistema automático que evite la prescripción, e inexistencia de controles periódicos sobre los organismos de recaudación en ejecutiva".
Tampoco se ha habilitado, según el informe de 2018, un proceso de comunicación a la Intervención de la Comunidad Autónoma de los expedientes antiguos acreditativos de deudores que han sido objeto de destrucción.
Al mismo tiempo, señala el informe que en la región "no se realizaron controles sobre los registros contables de facturas", y que "aunque se mantienen las deficiencias de interconexión de los sistemas que intervienen en la tramitación de facturas, así como la confusión en el tratamiento de anulaciones y rechazos, se ha implantado un sistema de conciliaciones periódicas que permite identificar las divergencias".
De este modo se recoge en el informe anual de fiscalización de la comunidad autónoma de Extremadura del ejercicio 2018 aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas. Dicho informe recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, el sector empresarial, así como las fundaciones y consorcios autonómicos durante 2018.
Analiza, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad, la estabilidad presupuestaria, el gasto sanitario y educativo no universitario, la actividad subvencional, el endeudamiento financiero, así como la verificación del cumplimiento de la normativa aplicable en materias de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, transparencia y medio ambiente, señala en nota de prensa el Tribunal de Cuentas.
CUENTA GENERAL
Así, en relación con la delimitación del sector público y rendición de cuentas, la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2018 se rindió en el plazo legal.
Las cuentas anuales de la Administración General de la Comunidad Autónoma integran la liquidación presupuestaria de tres organismos autónomos y cuatro entes públicos que funcionan como servicios presupuestarios de las consejerías a las que se encuentran adscritos, unificándose, "indebidamente", la información presupuestaria y contable que corresponde a entidades contables diferenciadas, señala el informe.
También, el "retraso" en las auditorías dio lugar a que las cuentas anuales de las fundaciones públicas autonómicas (a excepción de la Fundación Jóvenes y Deporte), de los consorcios públicos autonómicos y de una asociación se aprobaran y rindieran fuera de plazo.
Asimismo, cuatro consorcios de naturaleza administrativa ajustaron su contabilidad al Plan General de Contabilidad o a su adaptación para entidades sin fines lucrativos inadecuadamente.
La entidad Agencia Extremeña de la Energía mantiene la naturaleza jurídica de asociación, lo que resulta según el informe de 2018 "incompatible" con su condición de medio propio de la Administración y "no encaja en las formas jurídicas legalmente previstas para formar parte del sector público autonómico".
SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
Respecto a los sistemas de control interno previstos por la comunidad, el Tribunal de Cuentas indica que la ejecución del Plan de Auditoría y Control Financiero de 2019 sobre la actividad de 2018 se situaba, a 31 de julio de 2020, en un 96 por ciento, si bien tras una modificación del plan que supuso posponer o suprimir un total de 34 de los controles inicialmente previstos.
Además, las memorias de la Administración General, organismos autónomos y entes públicos que conforman el sector público autonómico no incorporan los informes de seguimiento de objetivos previstos legalmente.
Al mismo tiempo, señala el informe que los procedimientos de evaluación periódica se definieron en el ámbito de la comunidad "sólo indirectamente", a través de la Carta de Derechos de los Ciudadanos, sin que se haya desarrollado el índice de calidad de los servicios previstos ni acreditado la preceptiva actualización de las Cartas de Servicios aprobadas, salvo de dos de ellas.
También, a 31 de diciembre de 2018, no se había concluido el inventario consolidado del patrimonio de la Comunidad.
CUENTAS ANUALES
En relación con el análisis de las cuentas anuales de la Administración General, recuerda el Tribunal de Cuentas que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2017, se asumió el compromiso para proceder a la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable al sector público administrativo de la Comunidad de 1999, al Plan Marco de Contabilidad Pública aprobado por Orden EHA/1037/2010, cuyos hitos de implantación preveían la adaptación de la normativa en el ejercicio 2018, sin que --indica el informe-- al finalizar el ejercicio fiscalizado (2018) se hubiera procedido a la mencionada adaptación.
Igualmente, las modificaciones presupuestarias evidencian según el informe de 2018 la "deficiente" previsión inicial de los créditos para financiar el gasto sanitario (farmacéutico y de material sanitario) y los conciertos educativos.
Asimismo, pese a la "inexistencia" de un sistema de seguimiento que permita cuantificar el remanente de tesorería afectado y a que el remanente obtenido en 2017 fue negativo por 53 millones de euros, en 2018 se financiaron modificaciones presupuestarias con remanente de tesorería por 12 millones de euros.
Al mismo tiempo, las obligaciones reconocidas netas en 2018, están "infravaloradas" en 16,8 millones de euros, por la variación de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto.
También, al cierre del ejercicio fiscalizado "no se había desarrollado la contabilidad patrimonial" y "las incorrecciones contables en relación con el registro del inmovilizado no financiero y su incidencia sobre los fondos propios, así como en la contabilización de los deudores presupuestarios, afectan a la representatividad de las cifras registradas en el balance".
Entre otras conclusiones, el informe del Tribunal de Cuentas relativo a 2018 en Extremadura indica también que la Comunidad Autónoma no contaba con un registro autonómico de personas físicas y jurídicas sancionadas por resolución administrativa firme por determinadas infracciones de la legislación de montes.
Tampoco se había aprobado una estrategia para el aprovechamiento de la biomasa forestal. Igualmente, la Consejería de Educación y Empleo no contaba con un plan de control propio, ni con un manual aprobado para sistematizar sus actuaciones verificadoras sobre la gestión económica de los centros docentes no universitarios.
Del control del cumplimiento de las obligaciones de transparencia resultaba, asimismo, que doce entidades públicas obtuvieron un índice de transparencia inferior al 50%. Además, a 31 de diciembre de 2018, no se había aprobado ni publicado un plan integral de simplificación administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Según el informe, además, no se ha adoptado la estructura orgánica de la Junta de Extremadura para la asignación de competencias de impulso, coordinación y seguimiento de las actuaciones dirigidas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que su impulso se encontraba en fase de planificación, por lo que no se acreditaban actuaciones ni informes en los que conste la evaluación de las medidas adoptadas.
