UPA-UCE reclama consenso en las decisiones nacionales para la nueva PAC

UPA-UCE ha propuesto a la Junta de Extremadura la apertura de una mesa en otoño con las organizaciones profesionales agrarias con el objetivo de analizar las propuestas presentadas y marcar una posición "lo más consensuada posible" para Extremadura sobre la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC).

Así lo ha reclamado el secretario general de esta organización agraria, Ignacio Huertas, durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en Mérida, en la que se ha señalado que una vez acordado el presupuesto europeo para el periodo 2021/202, el sector se enfrenta "a una nueva Política Agraria Común con menos presupuesto y más compromisos por el clima que vamos a tener que cumplir los agricultores y ganaderos europeos".

Ante esta situación, las decisiones que se tomen en esta nueva PAC "serán muy importantes, sobre todo las de alcance nacional", ha considerado Huertas, quien ha apuntado que el instrumento fundamental de esta nueva PAC será el Plan Estratégico que apruebe cada país, que debe presentarse en 2021 y se aprobará en 2022.

"Los planes estratégicos podrán mejorar o empeorar las condiciones de los agricultores y ganaderos en función de las decisiones que se adopten", ha señalado el secretario general de UPA-UCE, quien ha resaltado que el Ministerio ya ha presentado algunas propuestas a las comunidades autónomas y a las OPAS nacionales para iniciar los debates.

Por este motivo, UPA-UCE Extremadura ha reclamado que las propuestas vayan "dirigidas a priorizar los apoyos hacia las explotaciones familiares y profesionales", ya que son "las que más beneficios aportan a la sociedad, tanto desde el punto de vista económico, como social o medioambiental".

Así, y dentro de las propuestas presentadas por el Ministerio, la organización agraria coincide con aquellas como el establecimiento de un techo de ayuda para las explotaciones, para que haya un "reparto más justo del presupuesto" o con el planteamiento de que los principales apoyos vayan dirigidos al "agricultor genuino", aunque para el cobro de determinadas ayudas plantea como requisito adicional la afiliación a la seguridad social agraria.

Sin embargo, a través de una nota de prensa, esta organización agraria ha mostrado su "preocupación" ante otras medidas como la desaparición de los derechos históricos, ya que "pueden generar movimientos especulativos que perjudiquen a los agricultores y ganaderos", ya que más del 46 por ciento de la superficie de la explotaciones se encuentra en arrendamiento, o la aplicación de la convergencia, que "podría perjudicar a sectores como el tabaco que están sustentados por pequeñas y medianas explotaciones a las que si se les recorta la ayuda no podrán subsistir".

Por todo ello, Ignacio Huertas ha considerado que el ministro de Agricultura "debe atender estas cuestiones si quiere mantener un sector agrario vivo y con futuro en Extremadura y en España", ya que la nueva PAC, junto con el cumplimiento de la ley de la cadena, "pueden cimentar el futuro de las explotaciones agrarias".

Finalmente, UPA-UCE Extremadura mantiene que la consejera de Agricultura, Begoña García, "tiene que contar con la opinión de los principales afectados, los agricultores y ganaderos", cuyo objetivo es "poder seguir produciendo, ya que esto es lo único que nos va a garantizar el futuro", por lo que ha reclamado la apertura de una mesa en otoño con las organizaciones profesionales agrarias con el objetivo de analizar estas propuestas y marcar una posición “lo más consensuada posible” para Extremadura.