20 febrero 2017
Entre esas recomendaciones, la mayor parte de ellas incluidas en informes de años precedentes, también se encuentran el desarrollo reglamentario en materia de registro de cuentas de tesorería, planes estratégicos y patrimonio público del suelo; la dotación de presupuesto y contabilidad propios para las entidades públicas con personalidad jurídica independiente; o la rendición de cuentas en un plazo más ajustado.
El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el 'Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2014', en el que se recogen los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de la Comunidad y las entidades que integraban su sector público durante el citado ejercicio.
La fiscalización analiza, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Extremadura del ejercicio 2014, la estabilidad presupuestaria, los mecanismos extraordinarios de financiación e instrumentos de lucha contra la morosidad, la gestión de los gastos de personal, la actividad subvencionadora, el gasto sanitario y el endeudamiento financiero, entre otros aspectos.
De las conclusiones expuestas en el Informe de fiscalización cabe destacar que la Cuenta General de Extremadura correspondiente al ejercicio 2014 fue rendida al Tribunal el 30 de octubre de 2015, dentro del plazo legalmente establecido.
Con carácter general, las cuentas anuales que la integran se presentaron de conformidad con los principios y las normas contables de aplicación, "sin perjuicio de las salvedades y observaciones" que se exponen en el informe, según ha informado el Tribunal de Cuentas en nota de prensa.
Así, el informe señala que Extremadura mantiene la práctica de integrar, en el presupuesto y en la Cuenta de la Administración General, los presupuestos y las cuentas de cuatro entes públicos, así como los de tres organismos autónomos. Esto supone que la representatividad de las cuentas de la Administración esté "distorsionada", así como "impide el análisis particularizado" de la contabilidad de dichas entidades con personalidad jurídica independiente.
Por otra parte, la ausencia de un desarrollo de algunos módulos del sistema contable "condiciona" las deficiencias de información que se han detectado en la memoria rendida por la Administración General.
El Consejo de Gobierno de Extremadura tuvo que resolver veintidós expedientes con motivo de las discrepancias mostradas por los órganos gestores con los reparos que había formulado la Intervención General de la Comunidad o por omisión de la fiscalización previa.
Pese a que en el ejercicio anterior el remanente de tesorería fue negativo, por un importe de 166 millones de euros, durante el ejercicio 2014 se han financiado incorporaciones de crédito con remanente de tesorería por un total de 18 millones de euros.
Por otra parte, el 97 por ciento de las modificaciones por mayores ingresos se financia con compromisos de ingresos de los que no se acredita que se haya realizado su adecuado seguimiento.
Respecto al presupuesto de gastos de la Administración General, la fiscalización observa que existe una "infravaloración" de las obligaciones reconocidas, por un importe de 56 millones de euros.
Esta cantidad se debe, "fundamentalmente", a una "inadecuada imputación" presupuestaria de la variación neta de pasivos financieros. Asimismo, la Administración General mantiene un saldo pendiente de imputación al presupuesto de 23 millones de euros; de ellos, 12 millones proceden de deudas por tributos locales, correspondientes a los ejercicios 2008 a 2012.
En relación con la ejecución del presupuesto de ingresos, el informe señala que los derechos presupuestarios del ejercicio 2014 se encuentran infravalorados en 14 millones de euros y, por otra parte, el importe de los deudores presupuestarios que se encuentran en riesgo de prescripción alcanza los 37 millones.
BALANCE
Por lo que se refiere al balance, las incidencias encontradas en la contabilización del inmovilizado no financiero afectan, de una "forma significativa", a la representatividad de la situación económica y patrimonial de la Administración.
Las dotaciones presupuestarias del Servicio Extremeño de Salud se manifiestan "reiteradamente insuficientes" a la hora de hacer frente a los gastos reales del ejercicio. Esto repercute, consecuentemente, en el "elevado volumen" de los acreedores pendientes de aplicar a presupuesto, cuyo saldo al cierre ascendió a 195 millones; generando, además, tensiones de tesorería que repercuten en el incremento de la morosidad en el sector sanitario.
Por otra parte, la sociedad Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, S.A., "en contra de lo previsto legalmente", viene obteniendo un margen de beneficio derivado de la "sobrevaloración de las tarifas por encima del coste real del servicio que presta".
Asimismo, la sociedad FEVAL Gestión de Servicios, S.L. -pese a estar inmersa en un proceso de disolución- sigue recibiendo encargos de encomiendas de gestión. Además, permanecen sin registro contable los derechos de uso gratuito de instalaciones de la Junta por la Sociedad de Gestión de Bienes de Extremadura, S.A. y Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, S.A.
En relación con el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, Extremadura incumplió, en 2014, la regla de gasto y su objetivo de déficit. Este último fue del 2,51 por ciento del PIB regional frente al objetivo de déficit establecido del 1 por ciento. En cambio, sí cumplió el objetivo de deuda.
En materia de recursos humanos, no se ha podido analizar la caducidad de las ofertas de empleo, conforme a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleo Público, debido a la "indeterminación" de la distribución de plazas, tanto en las sucesivas Ofertas de Empleo Público aprobadas como en las posteriores convocatorias.
Asimismo, a 31 de diciembre de 2014, permanecían pendientes de resolución 576 plazas convocadas correspondientes a las Ofertas de Empleo de los ejercicios 2010 y 2011.
Por otra parte, la "utilización indebida" de los contratos de obra y de servicio ha supuesto tener que reconocer, por parte de la Administración General y de un ente público, relaciones laborales de carácter indefinido que afectaron a un total de 169 trabajadores.
La fiscalización también ha constatado "prácticas inadecuadas" en la contratación de personal por parte de determinadas sociedades, fundaciones y consorcios públicos autonómicos, tanto por no acreditar las "razones urgentes e inaplazables" que motivaron dichas contrataciones, como por la concatenación de contratos temporales.
El periodo medio de pago "superó ampliamente" el plazo de 30 días en los tres últimos meses de 2014. Pese a ello, no se elaboró un plan de tesorería, con el calendario y compromiso de las medidas a adoptar.
"Ante la consolidación de esta situación en el ejercicio posterior, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas inició el procedimiento de requerimientos y retenciones previstos en la citada Ley Orgánica", ha recordado el Tribunal de Cuentas en su informe.
Por otra parte, las reestructuraciones del sector público autonómico "no responden" a un plan integral realizado previamente y, a cierre del ejercicio fiscalizado, Extremadura no había actualizado la información correspondiente a la reducción de costes y personal, en relación con los entes que subsisten tras la reestructuración, por lo que no pudo cuantificarse este efecto.
