26 abril 2024
Ep.
Una plataforma de empresarios afectados por el cierre de la mina La Parrilla, situada en la zona de Almoharín y Miajadas en Cáceres, han solicitado a la Junta de Extremadura que puedan acceder al expediente que la empresa minera Iberian Resources Spain ha presentado a la Administración regional solicitando de nuevo la explotación, en el que se declara solvente económicamente, mientras que a la vez adeuda más de 4,7 millones de euros a unas 57 empresas proveedoras de bienes y servicios.
Con estos documentos podrían acreditar que la empresa es solvente y poder cobrar así la deuda que tiene contraída con las empresas proveedoras extremeñas que comercializaron explosivos, maquinaria o servicios para la explotación de la citada mina durante más de tres años. La deuda total con todas las empresas nacionales que han contratado con la minera en los últimos años asciende a más de 26 millones de euros.
Iberian Resources Spain SL es una empresa propiedad del fondo Black Rock que explotaba esa mina de wolframio que se cerró a finales de 2022 tras un expediente sancionador de la Junta de Extremadura por irregularidades en el proceso de explotación.
Tras el cierre de la mina, la empresa presentó ante el Juzgado de lo Mercantil de Cáceres una comunicación concursal de inicio de negociaciones con los acreedores en la que afirmaba que "está sumida en un estado de riesgo de insolvencia inminente". Al mismo tiempo, presentó en el juzgado un plan de reestructuración que, para los acreedores extremeños significa renunciar al 95% de la deuda que tiene con estas empresas.
Pero "al mismo tiempo que sostiene ante el juzgado que está en situación de riesgo de insolvencia inminente, frente a la Junta de Extremadura ha acreditado su solvencia para obtener la autorización que le permita volver a explotar la misma mina", ha explicado este viernes en rueda de prensa el portavoz de la plataforma de afectados, el abogado Javier Casado, que cree que la finalidad de esta empresa "es obtener nuevas autorizaciones para explotar la mina, vender dicha concesión y dejar a los acreedores sin cobrar".
"No se puede ser solvente e insolvente al mismo tiempo", ha recalcado Casado, que ha señalado que la empresa ha ocultado a la Junta de Extremadura la existencia de un procedimiento concursal y, a la vez, no ha comunicado al juzgado su solicitud del nuevo permiso de explotación.
Por todo ello, creen que Iberian Spain Resources ha podido incurrir en un presunto delito de estafa procesal, tipificado en el artículo 250.1 del Código Penal.
Ante esta situación, el pasado mes de septiembre los afectados solicitaron una entrevista con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que han vuelto a remitir hasta en tres ocasiones más "sin obtener respuesta", por lo que "los empresarios están muy dolidos con la falta de empatía hacia ellos", ya que PP y Vox también rechazaron su comparecencia en comisión en la Asamblea de Extremadura para exponer su caso.
Sí han sido recibidos por el secretario general de Desarrollo Sostenible y la Dirección General de Minas pero "no han aportado ninguna solución", ha dicho Casado, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por dos de los empresarios afectados, Javier Parejo y Francisco Gómez, que han lamentado que esta empresa minera haya recibido una subvención de la Administración regional de 6 millones de euros y ahora deje una deuda de 4,7 millones en las empresas extremeñas que han trabajado con ellos.
"Le pedimos públicamente a la presidenta de la Junta, a la consejera de Agricultura y a la directora general de Minas que, como conocedoras de que Iberian pudiera haber cometido un presunto delito de estafa procesal, cumplan la obligación de denunciar y perseguir los delitos de los que tuvieran conocimiento", ha concluido Casado.
