22 diciembre 2020
Unidas Por Extremadura ha pedido este martes que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara asuma la gestión, de forma pública, del centro Feafes de Cáceres, para atender la situación de los trabajadores, que llevan meses sin cobrar, y de los usuarios, que no reciben "adecuadamente" sus terapias.
Así lo ha afirmado la portavoz del Grupo Parlamentario, Irene de Miguel, tras mantener una reunión con trabajadores que llevan actualmente 5 meses sin cobrar, y que "están sufriendo retrasos e impagos de sus nóminas desde hace dos años debido a la mala gestión de la junta directiva que gestiona este centro de salud mental".
"Esta es una situación absolutamente indignante", ha dicho De Miguel en declaraciones a los medios de comunicación, al tiempo que ha asegurado que no se debería permitir que la Junta de Extremadura "suscriba conciertos con entidades que llevan más de dos años vulnerando los derechos laborales de los trabajadores".
Tras la reunión, a la que han asistido también el diputado Joaquín Macías y la concejal de Unidas Podemos Por Cáceres, Consuelo López-Balset, la portavoz ha explicado que, a pesar de que el Gobierno extremeño conocía la vulneración de las condiciones laborales de los trabajadores, "ha prorrogado el contrato con la entidad este mismo mes de abril".
"Es preocupante que no se tengan en cuenta las cláusulas sociales en los pliegos de condiciones para que este tipo de situaciones no pasen", según informa Unidas Por Extremadura en una nota de prensa.
Por todo ello, De Miguel ha exigido que la Junta asuma, de forma pública, la gestión del centro de salud mental y que se subroguen a todos los trabajadores "porque cuidar a las personas que cuidan es también mejorar la calidad que se le da a las personas usuarias".
A este respecto, el diputado Joaquín Macías ha destacado también la situación en la que se encuentran los usuarios de Feafes Cáceres porque "están sufriendo la falta trabajadores, no están recibiendo adecuadamente sus terapias o, incluso están sin calefacción".
"Esto requiere una intervención inmediata por parte del Sepad", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que los usuarios del centro son personas con enfermedades psíquicas "a las que se les están vulnerando sus derechos porque se están viendo afectados por la mala gestión que ha hecho la junta directiva de la entidad".
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