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Familiares de fallecidos en Residencia Asistida Cáceres presentarán una querella criminal

Ya que "parece ser que es posible que haya habido una negligencia en la gestión" por parte de la dirección del centro.

19 mayo 2020

Ep.

Un grupo de más de 35 familias de fallecidos en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres se han unido para presentar una querella criminal contra la dirección de dicho centro para "recabar" información sobre lo ocurrido durante la pandemia ya que "parece ser que es posible que haya habido una negligencia en la gestión".

Así lo ha explicado el abogado del despacho Pita&Broncano, Marco Antonio Tobías, quien ha añadido que "hay 74 fallecidos oficiales" y "en muchos casos" no tienen el certificado de defunción.

"Es posible que haya más fallecidos como consecuencia del Covid-19 y todo apunta a que ha habido una negligencia en cuanto a la protección que se debería haber dispensado a estas personas por el hecho de estar internos en esta residencia", ha destacado Tobías en declaraciones a Europa Press Televisión.

Así, ha apuntado que la función de su despacho es "averiguar hasta donde alcanza esa negligencia" y "en el caso de que se haya cometido, averiguar" quien lo ha hecho y "depurar, en consecuencia, responsabilidades".

"En principio nos vemos obligados, porque no tenemos otra opción y porque creemos que hay indicios de criminalidad, a presentar una querella ante los Juzgados de Cáceres con la finalidad primera de que el juzgado nos auxilie para poder tener esa documentación que necesitamos", ha detallado.

A este respecto, ha indicado que también pedirán que se tome declaración "a aquellas personas que off the record, algunos trabajadores, que ya están reconociendo que la gestión no fue la debida o que pudo haber incluso impedimentos por parte de la dirección de la residencia para facilitar equipos EPI" a los trabajadores que "incluso manifestaban que podían estar contagiados o que se encontraban en una situación de duda sobre si estaban contagiados o no y no podían quedarse en su casa".

De este modo, el abogado ha resaltado que van "a acudir a los tribunales con esta querella criminal" que irá dirigida "en principio contra la dirección de la residencia" para "recabar toda esa información".

"Y en función de la información que vayamos recabando intentaremos, obviamente, seguir adelante por esta vía y si por lo que fuera se cortara esta vía y quedara expedita la vía de la reclamación civil o incluso la reclamación patrimonial contra la Junta de Extremadura, seguiríamos esa vía", ha explicado.

En este sentido, Tobías ha señalado que se trata de "una situación muy complicada" y que "los familiares están muy dolidos" así como que quieren "verse compensados".

"Desgraciadamente la única manera de compensarlos hoy en día es algo difícil que el responsable pida disculpas y la única manera legal es el resarcimiento económico, algo que ni siquiera muchos familiares han tenido en cuenta", ha indicado.

Así, ha subrayado que estos familiares quieren "un reconocimiento de lo que ha pasado", que "se les pida perdón" y "que se reconozca el hecho" y ha evidenciado que "obviamente ese reconocimiento conlleva además la asunción de las correspondientes responsabilidades, legales o civiles".

"El objetivo último y final es encontrar al responsable y que se haga justicia, obviamente nadie quiere matar a nadie, nadie quiere meter en prisión a nadie pero el que se haga justicia es un término muy genérico", ha destacado Tobías al tiempo que ha explicado que "si la justicia se hace en vía penal alguien tendrá que ser inhabilitado o enviado a prisión, si la justicia se hace en vía civil o contencioso-administrativa alguien o alguna institución tendrá que indemnizar a estos familiares que han sufrido esta negligencia en el supuesto de que la hubiera".

El abogado ha indicado además que la "indignación" de los familiares ha sido "la mecha" que ha hecho "encender este movimiento" ya que "seguramente creen una asociación" y ha asegurado que "en todos los familiares se repite el patrón de falta de información" sobre lo ocurrido con sus allegados fallecidos.

"Si no nos la dan a nosotros (la información) se la tendrán que dar al juzgado o a la fiscalía que, como saben, ha abierto una línea de investigación", ha apuntillado Tobías.

Asimismo, ha aseverado que no quieren "hacer sangre" y que están "dispuestos" a sentarse con la otra parte "a hablar en cualquier momento". "Si vamos a sentarnos a hablar para que nos digan que no se ha cometido negligencia no hay nada de qué hablar, si se sientan para hablar, para pedir disculpas y reconocer los errores que se hayan podido cometer, evidentemente todos somos humanos", ha espetado.

Tobías también ha explicado que el despacho Pita&Broncano ofrece este servicio "colectivo a todo el grupo" y "sin interés económico inicialmente". "Nuestro trabajo es llegar hasta el final, hasta donde el cliente quiera y hasta donde se pueda... una cosa es lo que queremos conseguir y otra lo que la ley nos permita hacer o reconozca" porque "que el afectado se quede sin defensa es lo último que podemos permitir", ha sostenido.

FAMILIAR AFECTADO

Por su parte, el hijo de una residente en la Asistida que falleció el pasado 21 de abril, Francisco Javier García, ha relatado que su madre estaba en dicho centro desde 2017 y que estaban "contentos" porque "estaba bien", aunque tenía demencia senil y "de la noche a la mañana se nos ha ido".

García ha apuntado que "la última vez" que vio a su madre fue el pasado 11 de marzo cuando fue a visitarla y tomar un café con ella puesto que el día 13 de marzo cerraron la residencia a las visitas debido a la situación del coronavirus y entonces les dijeron que si no les llamaban "es que estaba bien".

En este sentido, ha afirmado que estuvieron "un mes y medio" sin que les llamasen y tampoco "cogían el teléfono" pero que él quería hablar con su madre o que le hiciesen "una foto o un vídeo" y se lo enviasen.

"Luego ya nos llamaron un día que estaba con un poquito de infección de riñón, de la orina y empezó con unas décimas de fiebre y sin test ni nada la pusieron donde estaban los enfermos de Covid", ha relatado, toda vez que ha añadido que "luego ya nos llamaba el médico muy de vez en cuando y nos informaba de que mi madre estaba con síntomas de Covid".

Así, ha resaltado que al principio "no le hacían test" y que "el 19 de abril tenía previsto una PCR" pero su madre "murió el 21 de abril y en el certificado médico pone posible Covid".

En este sentido, Francisco Javier García ha manifestado que han sentido "angustia" y "una sensación de no poder hacer nada, una impotencia terrorífica" además de que están "un poquito indignados porque se nos ha ido y el día 11 de marzo estaba perfecta".

Además, ha subrayado que "hay 155 trabajadores afectados" en la residencia por lo que, a su juicio, "ahí ha fallado algo" y, por ello, se han "unido unos familiares" y van "a demandar" para "ver qué ha pasado".

"Algún responsable tiene que haber, no han sido cinco sino que van ya 80-90 abuelinos (fallecidos), algo ha pasado ahí", ha resaltado al tiempo que ha dicho que no le han llamado de la residencia.

"A mí me dijeron que mi madre estaba allí fallecida, que fuésemos a por ella, no nos han llamado para decir ni lo siento mucho, ni una explicación por eso queremos que se averigüe qué ha pasado ahí", ha concluido.

Por último, y ante esta situación, la Junta de Extremadura, puesto que la residencia depende del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), ha señalado a Europa Press que "una vez el caso está en vía judicial, para no obstaculizar la acción de la Justicia", su "única valoración" es que están "a disposición de la Justicia" para lo que les requiera.

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