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Varios ayuntamientos delegan competencias de gestión en OAR de Diputación de Badajoz

Concretamente, son las localidades de La Albuera, Alburquerque, Cabeza del Buey, Mengabril, Trasierra y Villanueva de la Serena

06 agosto 2020 | Publicado : 17:08 (06/08/2020) | Actualizado: 20:42 (06/08/2020)

El Boletín Oficial de la Provincia, BOP, publicó ayer la relación de las delegaciones de competencias de funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y restantes ingresos de derecho público y encomiendas de gestión efectuadas por ayuntamientos de la provincia en la Diputación Provincial de Badajoz, a través de su Organismo Autónomo de Recaudación, OAR, aceptadas por su Consejo Rector el pasado 28 de julio y ratificada por el Pleno de la institución provincial el 31 del mismo mes.

La Albuera delega la recaudación, en voluntaria y ejecutiva, de las multas y sanciones en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Alburquerque lo hace para funciones de gestión, liquidación, recaudación, inspección y sanción de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

Por su parte, el consistorio de Cabeza del Buey delega también multas y sanciones en seguridad y convivencia, acordando la adhesión al convenio de encomienda de gestión de los procedimientos sancionadores publicado en el BOP de 2 de enero de 2020.

El Ayuntamiento de Mengabril encarga a la delegación al OAR las mismas competencias que en Cabeza del Buey, mientras que Trasierra lo hace para la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo.

Por último, el ayuntamiento de Villanueva de la Serena delega la recaudación, en voluntaria y ejecutiva, de otros ingresos de derecho público, actuaciones por incumplimiento del deber de conservación establecido en la ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura como multas coercitivas y resarcimiento de los gastos soportados por la Administración como consecuencia de la realización de actos de ejecución subsidiaria. A su vez pone en manos del OAR las multas y sanciones en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

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