24 julio 2020
Ep.
El Grupo Municipal Popular ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Badajoz para instar al Gobierno de España a legislar en contra de la ocupación ilegal de viviendas, un fenómeno en el que Extremadura "no es ajena" creciendo hasta los 285 casos, mientras que en la capital pacense se dan casos de ocupaciones de "edificios completos" en San Roque, en el Camino Viejo de San Vicente, en Suerte de Saavedra y en La Luneta.
Así lo ha señalado el concejal del PP Jaime Mejías, en una rueda de prensa este viernes en Badajoz, en la que ha presentado esta moción registrada este pasado jueves, día 23, y que llevarán al próximo pleno ordinario del ayuntamiento en materia de ocupación ilegal de viviendas.
En su intervención, Mejías ha aseverado que desde el Grupo del PP asisten "con extrema preocupación" a la situación que se vive en España con el fenómeno de la ocupación, sobre el cual ha recalcado que "nadie está a salvo" del mismo, que "no es una cuestión de clases, no es una cuestión de rentas" y "le puede pasar a cualquier".
Al respecto, ha recordado que el artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, y ha expuesto que, a nivel jurídico y utilizando como base la Carta Magna, estiman que el Gobierno "no puede legislar protegiendo a los 'okupas' y anulando los derechos del propietario de estas viviendas", "agravado además en este caso por el propio objeto de la propiedad, la vivienda del individuo, cuyo derecho también está protegido en el artículo 47 de la propia Constitución", ha dicho.
A nivel social, el edil ha considerado "una injusticia y un despropósito permitir y defender la ocupación" y que si a un individuo el roban el vehículo, la motocicleta o el bolso la policía tiene facultades y herramientas "en el acto" para actuar contra el ladrón y devolver sus posesiones a su propietario, amén de las penas que a posteriori imponga el poder judicial, por lo que se ha preguntado "por qué entonces no se actúa igual con la usurpación de viviendas".
EMPADRONAMIENTO EN INFRAVIVIENDAS
En su intervención, el edil del PP ha añadido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha publicado una resolución con fecha del pasado 29 de abril y en la que indica que el empadronamiento de individuos en infraviviendas "será aceptado independientemente de las controversias sobre la titularidad de la vivienda", siendo también "irrelevante" las circunstancias higiénico-sanitarias, físicas o de otra índole que afecten al domicilio.
"Esta resolución del Gobierno señala que se considerará infravivienda: chabolas, caravanas, cuevas o incluso ausencia total de techo, siendo todos estos supuestos domicilios válidos ante el padrón municipal. Esto es en nuestra opinión completamente inadmisible", ha recalcado.
Según Jaime Mejías, junto al fenómeno de la ocupación, también se dan "múltiples casos" de segundas residencias vacaciones en lugares "muy populares" para los extremeños en vacaciones como La Antilla o Isla Canela; y ha agregado casos de personas ingresadas en un hospital por coronavirus que, al recibir el alta y regresar a sus domicilios, se han encontrado con su vivienda ocupada.
Ha añadido igualmente "la inestabilidad social que genera allá donde se ocupe una vivienda, donde nacen o crecen los enfrentamientos vecinales", generándose así "un peligroso clima de enfrentamiento entre vecinos" donde quienes sí se encuentran viviendo en sus hogares "con toda la documentación en regla temen que esas ocupaciones ilegales traigan a sus casas situaciones de peligro o indefensión".
DELITO DE USURPACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular insta en esta moción al Gobierno de España a incluir el delito de usurpación en el Código Penal español y que contemple aparejadas penas de uno a tres años de prisión; y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desalojar una vivienda en menos de 48 horas.
También solicitan prohibir a los ayuntamientos el empadronamiento de "okupas", y defienden que la solicitud de empadronamiento debe adjuntar la correspondiente escritura, libro de familia o el correspondiente contrato de alquiler puesto que "un inmueble 'okupado' no puede tener nunca la consideración de morada o domicilio".
Por último, piden dar facilidades a las comunidades de vecinos para actuar ante los tribunales de justicia y que los propietarios que sean personas jurídicas puedan también defender sus derechos de propiedad y actuar contra la ocupación.
