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Ayuntamiento Badajoz "defenderá legalidad vigente" tras nueva sentencia de Diputación

Estima el recurso del palacio municipal de la ciudad contra decreto relativo a las bases para la concesión de subvenciones del Plan Dinamiza Extraordinario

05 julio 2019

Ep.

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, ha recalcado que el consistorio intentará "defender la legalidad vigente" tras la nueva sentencia del 25 de junio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, que estima el recurso del palacio municipal de la capital pacense contra el decreto relativo a las bases para la concesión de subvenciones del Plan Dinamiza Extraordinario para municipios de gran población.

Cabe recordar la existencia de una sentencia anterior en este mismo sentido, dado que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz ha anulado también el decreto aprobado por la Diputación de Badajoz sobre la concesión de las ayudas del Plan Dinamiza a los municipios de la provincia en función de su cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

"Esta segunda sentencia acoge todos y cada uno de los motivos de la primera, al igual que la primera que ya en Diputación se ha anunciado que se va a recurrir, esta también es recurrible en apelación", ha indicado Gragera, quien ha avanzado: "intentaremos defender la legalidad vigente, no tenemos ningún tipo de problema en seguir haciéndolo".

Así lo ha señalado en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes, la primera en el Consistorio tras la constitución de la nueva corporación y que han integrado los tenientes de alcalde de PP y Cs.

Sobre el contenido de la junta de gobierno y en lo que al apartado de Asesoría Jurídica se refiere, el también portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos ha concretado que esta sentencia relativa a dicho Plan Dinamiza Extraordinario es la segunda tras la primera, en "igual sentido" ambas y que anula las bases de la convocatoria por entender que se hacen en razón de un informe que "no es jurídico" y que "es una sanción sin que exista" una "resolución desfavorable por parte de la administración".

Gragera también se ha referido a otras sentencias relativas a liquidaciones por el Impuesto de Plusvalía, junto a otras sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles del Tribunal Supremo que se "reafirman en que existe la posibilidad de impugnar esas liquidaciones que se giran por parte del ayuntamiento" que, "desde el primer momento", ha mantenido contactos con la gerencia territorial del Catastro a la vista de la nueva jurisprudencia del Supremo en este sentido.

De este modo, ha puntualizado, se han enviado varios comunicados a Catastro para que proceda dentro de sus atribuciones a "corregir los valores catastrales" que "sirven de base para girar luego las liquidaciones del impuesto", sobre lo cual les han trasladado que "no es sencillo", que habría que modificar la ley a nivel nacional y que estas sentencias indican que son "situaciones particulares" y "no aplicables a todos los supuestos".

OTROS ASUNTOS

En relación al resto de asuntos abordados en la Junta de Gobierno, Ignacio Gragera ha detallado que se ha dado cuenta de una serie de decretos de alcaldía, uno de ellos por importe de 46.283 euros por la contratación de espacios en medios de comunicación locales y regionales para la difusión de la Feria del Libro; y otro consistente en un expediente de contratación que se iniciará "ahora" para el Servicio de reparación temporal de vehículos municipales por 50.000 euros.

También se ha visto otro expediente de contratación para el servicio de gestión de contenidos de pantallas de información en la vía pública, dotado inicialmente con 108.900 euros; así como un decreto relativo a la actividad 'Bibliopiscina', que permite dotar de libros las dos piscinas públicas de la ciudad, cuyo expediente ya está en el Perfil del contratante por un valor superior a 23.000 euros y que el equipo de gobierno quiere mantener para que los usuarios de ambas piscinas puedan acceder a este servicio.

Finalmente, Gragera ha destacado que también se han abordado distintas reclamaciones frente a liquidaciones del Impuesto del valor de los terrenos de naturaleza urbana y tres solicitudes del Impuesto de Construcciones e Instalaciones (ICIO).

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