19 enero 2017
Ep.
El Grupo Municipal de Podemos Recuperar Badajoz en el ayuntamiento de la capital pacense ha pedido la paralización o anulación de la licitación para el estudio de detalle y proyecto de actuación singular del edificio del antiguo Hospital Provincial de San Sebastián y la primera fase de su proyecto de ejecución al "contravenir de forma flagrante" el principio de la "igualdad de trato entre los candidatos" de la Ley de Contratos del Sector Público.
En rueda de prensa, el portavoz de Podemos Recuperar Badajoz, Remigio Cordero, ha explicado que cuando se publicó dicho contrato por parte de la Diputación de Badajoz su formación ya criticó que no existiera una cláusula de incompatibilidad o deber de abstención, como "es habitual" en los concursos públicos y que detalla qué personas no pueden participar en los mismos.
Ha ahondado en que "sospechaban" que no incluir esta cláusula "pretendía permitir la concurrencia a las personas que elaboraron el Plan Director" y ha aseverado que, al hacerse públicos los ocho licitadores que concurren a este concurso, aparece en segundo lugar una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por los firmantes del citado Plan Director.
Una circunstancia que, a su juicio, les "coloca en clara posición de ventaja" al tratarse del estudio de detalle y proyecto de actuación que tiene "como referencia" textual y documental el Plan que "ellos mismos han elaborado", aunque ha matizado que en los pliegos se indica que existe un Plan Director que "no es vinculante para eludir la obligada incompatibilidad que se produciría si se diera esta circunstancia".
LEYES Y OBSTÁCULOS
A este respecto, Cordero ha puntualizado que, si bien piensa que "no es ilegal" y "se debe de mantener dentro de la ley", dicho asunto sí "sortea el obstáculo que supone" la Ley de Contratos del Sector Público "para llegar a un objetivo" que se puede conocer en unos meses, "adjudicar el estudio de detalle a las personas que han elaborado el Plan Director".
Así, ha recalcado que, en su opinión, dicho proceso de contratación "contraviene" los "principios fundamentales" de la Ley de Contratos del Sector Público y en concreto el de "igualdad de trato entre los candidatos".
Dichos principios, ha subrayado, son la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, estabilidad presupuestaria y control del gasto, necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.
Respecto a dicha Ley de Contratos ha detallado además que se aplica de modo pleno a los entes locales como municipios o provincias, pero de forma parcial a los entes vinculados como organismos autónomos o entidades de derecho público, lo cual "explica la intención" anunciada por el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, de crear una empresa pública para gestionar los usos del Hospital Provincial y que podría estar lista a principios de 2017.
"Estas fórmulas de gestión suponen una huida del Derecho Administrativo; evitando el Derecho Público otorga más libertad en la contratación de personas y en la adjudicación de contratos", ha resaltado, a la vez que ha adelantado que Podemos Recuperar Badajoz se "reserva" la posibilidad de estudiar y tomar acciones legales ante la "intencionalidad" de dicho contrato.
OBRAS EN LA ALCAZABA
En su intervención, Remigio Cordero ha sostenido además que la asistencia técnica para la gestión de proyectos en la Alcazaba y fortificaciones de la ciudad sacada a licitación por el ayuntamiento "contraviene" también los principios de la Ley de Contratos del Sector Público y en particular el de "necesidad e idoneidad del contrato", razón por la cual también ha pedido su paralización o anulación.
En este sentido, ha defendido la "imposibilidad" de cumplir el contrato "en tiempo y forma" dado que la plataforma en la que se deben subir una serie de documentos digitales cerró en 2015 y el gasto está "validado", el programa "cerrado" y "no hay auditor" en el marco de esta licitación publicada el pasado día 2 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y que contempla, entre otras tareas, el asesoramiento de captación de nueva financiación en nuevas actuaciones en fortificaciones.
"Si lo que realmente se quiere es encargarle a una empresa externa el asesoramiento para la captación de nueva financiación en nuevas actuaciones en el conjunto de fortificaciones de la ciudad de Badajoz que se haga así y que no se meta en un programa que ya ha acabado", ha concluido Cordero, para quien "esto es claramente ilegal".
