| Valoración de la Junta |
| La Junta de Extremadura ha subrayado la defensa que España ha mantenido durante todo el proceso de negociación de la nueva OCM del vino, que ha permitido alcanzar un acuerdo "garante de los intereses de los viticultores españoles y particularmente de nuestra región". En una primera valoración, el gobierno regional califica de "satisfactorio" el acuerdo alcanzado y felicita al Gobierno de España por el esfuerzo y la firmeza que durante meses ha mantenido para lograr que la nueva OCM del vino contemple las medidas que nuestro país solicitaba. Según la Junta, el propio secretario general de Agricultura del MAPA, Josep Puxeu, ha sido quien ha dado la noticia del acuerdo al consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, Juan María Vázquez, a quien le ha trasmitido que la nueva OCM del vino garantiza los intereses de los viticultores extremeños. Y, el próximo viernes el secretario general de Agricultura del MAPA vendrá a la región y, acompañado por el consejero extremeño, se reunirán con todo el sector vitivinícola de la región "para explicarles el contenido de la nueva OCM del vino y los logros alcanzados en el acuerdo". |
19/12/2007
Éstos son algunos de los puntos que figuran en el documento que adoptó este miércoles el Consejo de Agricultura y Pesca por mayoría cualificada, con el voto en contra de Malta y Dinamarca y la abstención de Estonia, después de dos días y medio de intensas negociaciones para ultimar un acuerdo sobre el que ya se empezó a trabajar hace dos años; matizando que la reforma entrará en vigor en agosto de 2009, en lugar de en agosto de 2008. A este respecto, el ministro de Agricultura y Pesca de Portugal y presidente en ejercicio del Consejo, Jaime Silva, ha asegurado que la negociación "no fue un camino fácil" pero que con la reforma los Estados miembros han sido capaces de "enfrentarse a los retos" que afronta el sector del vino en Europa, asediado por la reducción del consumo interno y por una pérdida de cuota de mercado tanto dentro de la UE como fuera a favor de los vinos del nuevo mundo, como Australia, Sudáfrica o Argentina. Mientras, la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha destacado que "ha sido un viaje muy largo desde el verano de 2006", cuando presentó su primer documento sobre la reforma que fue rechazado mayoritariamente por los Estados miembros, por lo que "no ha sido una reforma fácil", dijo antes de añadir que "el acuerdo es razonable, pero no exactamente lo que quería". Asimismo, la ministra española de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, ha manifestado su "satisfacción", porque la nueva OCM "da solución a todos los problemas que teníamos en las diferentes producciones del sector". " Según Espinosa, "a partir de hoy, se abre un periodo de consolidar esa situación (del sector) que hoy tenemos", afirmando que "España, paso a paso y a lo largo de casi dos años ha conseguido todos los objetivos que nos habíamos planteado desde el principio de la reforma". Datos Concretamente, el acuerdo, que finalmente entrará en vigor en agosto de 2009, mantiene el "equilibrio presupuestario" de unos 1.300 millones que se persiguió en todo momento y, permite que los Estados miembros financien con sus propios fondos las medidas que más les convengan a sus propios sectores. En este sentido, la delegación española celebró mucho que España se mantendrá como el principal receptor de fondos con unos 420 millones previstos en 2009; España percibirá en 2009 229,3 millones, resultado de sumar el sobre nacional (213,8 millones) y los fondos para desarrollo rural (15,5 millones) y, habrá que añadir las primas que percibirán los agricultores por arrancar sus viñedos y otros pagos atrasados de ayudas comprometidas en años anteriores. Tal y como pedían delegaciones como España, el acuerdo amplía el catálogo de acciones que los Gobiernos europeos podrán financiar con sus sobres nacionales, dando cabida a las ayudas a la destilación para la producción de alcohol de uso de boca y a la destilación de crisis. Además, se permitirá financiar con los sobres nacionales un pago único desvinculado a la producción que los gobiernos podrán otorgar "a su discreción", siempre que sea también en base a criterios objetivos y no discriminatorios; y, se contempla la posibilidad de modernizar la cadena de producción, infraestructura, comercialización e innovación, entre otras actividades. Respondiendo a las reivindicaciones españolas, el compromiso entre los Veinticinco contempla ciertos "ajustes" en los presupuestos nacionales, uno de los cuales hace referencia al cálculo de los sobres, para lo que se tendrá en cuenta la producción en un 50% y el área cultivable en otro 50%. Junto con ello, el acuerdo limita la transferencia de fondos agrícolas al desarrollo rural a 50 millones de euros en el año 2009; a 100 millones en 2010; de 150 millones en 2011; 200 millones en 2012; 250 millones en 2013; 300 millones en 2014, y 350 millones en 2015. La diferencia presupuestaria se destinará a los sobres nacionales. Sobre la abolición de los derechos de plantaciones y la liberalización del cultivo, el acuerdo incrementa de 2013 a 2015 el plazo que, en realidad, sin reforma hubiera sido en 2010 pero, hasta 2018, deja en manos de los Estados miembros y, en el caso de España, de las comunidades autónomas, determinar si se liberaliza o no. La delegación española considera esta disposición como un balón de oxigeno para posponer la liberalización en un plazo mucho mayor a lo que es normal en este tipo de negociaciones y, a partir de 2015, "España podrá mantener los derechos de plantación en las denominaciones de origen" y, para tranquilidad española, el texto fija hasta el 31 de julio de 2007 para regularizar las plantaciones irregulares. Y, la Ministra ha valorado que el arranque de viñedos ha dejado de ser "el eje de la reforma para convertirse en una medida de carácter social" pues, el acuerdo cifra en 175.000 las hectáreas de viñedo que habrá que arrancar y por lo que los agricultores percibirán una prima que será de mayor cuantía cuanto más se apresuren -la prima más el 20% el primer año; en el segundo año, la prima más el 10%, y el tercero, solamente la prima. Cabe matizar que, es un sistema voluntario que dará preferencia a los productores mayores de 55 años y que se limita al 8% de la superficie de un país y, dentro de él, al 10% del área de una región. Se prohíbe en superficies menores a 0,1 hectáreas y se podrá restringir por motivos medioambientales en zonas de laderas y pendientes.
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